Caracas, Venezuela.— El Gobierno de Venezuela anunció este viernes que iniciará su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI) al denunciar el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a ese tribunal, al considerar que el organismo actúa con un sesgo político y aplica la justicia de manera desigual.
A través de un comunicado, el canciller Félix Plasencia informó que la decisión fue comunicada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y aseguró que la medida es “firme e irrevocable”.
El gobierno venezolano argumentó que la Corte Penal Internacional ha concentrado de forma desproporcionada sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos, lo que, a su juicio, demuestra un uso político de la justicia internacional y una afectación a la soberanía y autodeterminación de los Estados.
Asimismo, sostuvo que la CPI ha sido utilizada como un mecanismo de persecución política y reiteró su compromiso con un modelo de justicia internacional que, según afirmó, respete la igualdad entre las naciones.
La decisión ocurre después de que, en diciembre pasado, el Parlamento venezolano aprobara una ley para retirar al país del Estatuto de Roma, luego de que la Fiscalía de la CPI cerrara su oficina técnica en Caracas por considerar que no existían avances suficientes en las investigaciones internas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
Pese al cierre de esa oficina, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó que la investigación sobre Venezuela permanece activa y continuará desde su sede en La Haya.
La CPI mantiene abierta una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017, proceso que comenzó en 2018 tras una remisión presentada por varios países.
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