CANCÚN, Q. ROO.— Una investigación sobre la expedición de documentos migratorios mantiene bajo escrutinio a la representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Quintana Roo, ante la presunta existencia de cientos de trámites realizados de manera irregular y posibles actos de corrupción.
De acuerdo con información relacionada con el caso, al menos 935 documentos otorgados a personas extranjeras se encuentran bajo revisión. Entre los beneficiarios habría principalmente ciudadanos originarios de Cuba y Venezuela.
Las indagatorias buscan determinar si dentro de las oficinas migratorias operaba un esquema mediante el cual se facilitaban documentos a cambio de pagos fuera de los procedimientos oficiales. Los montos señalados irían de los 10 mil a los 15 mil pesos por trámite, mientras que en determinados casos las cantidades presuntamente exigidas habrían llegado hasta los 5 mil dólares.
En este contexto, Carlos Manuel Bandala González, quien se desempeñaba como delegado del INM en Quintana Roo, habría sido separado de sus funciones mientras avanzan las investigaciones para esclarecer la forma en que fueron expedidos los documentos y establecer qué servidores públicos u otras personas pudieron intervenir.
Las pesquisas también buscarían establecer si las presuntas irregularidades se limitaron a la expedición de documentación o si existieron conductas relacionadas con otros delitos. Entre las líneas que se mencionan se encuentran posibles hechos vinculados con trata de personas y la eventual utilización de menores de edad.
Por el momento, estos señalamientos permanecen sujetos a investigación y no existe una determinación ministerial o judicial que establezca responsabilidades.
Uno de los principales puntos por esclarecer será conocer quién autorizó cada expediente, bajo qué documentación se realizaron los procedimientos, si existieron pagos indebidos y cuál habría sido el destino del dinero.
La cantidad de expedientes señalados aumenta la dimensión del caso. De confirmarse las irregularidades, las autoridades deberán determinar si se trató de actuaciones individuales o de un mecanismo coordinado que funcionó desde el interior o alrededor de las oficinas migratorias.
Hasta este miércoles 19 de agosto, corresponderá a las autoridades competentes confirmar oficialmente los alcances de la investigación, establecer posibles responsabilidades y determinar si existen elementos suficientes para proceder penal o administrativamente contra quienes resulten involucrados.
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