El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el inicio de una campaña diplomática para impulsar el desmantelamiento de la Corte Penal Internacional (CPI) y presionar a los países aliados de Washington para que abandonen el organismo.
En un comunicado, Rubio afirmó que la CPI representa una amenaza para la soberanía estadounidense al atribuirse la facultad de investigar y procesar a militares y funcionarios de ese país por acciones relacionadas con la defensa de sus intereses nacionales.
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional, y durante la administración del presidente Donald Trump ya se habían impuesto sanciones contra funcionarios del tribunal por investigaciones relacionadas con presuntos crímenes de guerra en Afganistán y por acciones contra autoridades israelíes.
La nueva estrategia del Departamento de Estado contempla restringir el ingreso a territorio estadounidense de personal de la CPI, ampliar las sanciones contra integrantes del organismo y organizaciones vinculadas, además de incrementar la presión diplomática sobre los aliados de Washington para que rechacen públicamente la autoridad del tribunal.
De acuerdo con Rubio, también se reforzará el escrutinio sobre los países que continúen respaldando a la Corte mientras reciben asistencia o apoyo de Estados Unidos.
El funcionario sostuvo que la CPI pretende actuar como un “árbitro global sin rendición de cuentas” y reiteró que su gobierno utilizará todos los recursos diplomáticos disponibles para debilitar al organismo internacional.
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