Culiacán, Sinaloa.— Para sorpresa de pocos, Rubén Rocha Moya retomó este viernes sus funciones como gobernador de Sinaloa después de permanecer 112 días separado del cargo mientras era investigado por señalamientos sobre presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
El mandatario había solicitado licencia el pasado 1 de mayo bajo el argumento de que buscaba permitir que las autoridades realizaran las investigaciones sin interferencias desde el Poder Ejecutivo estatal. El propio Gobierno de Sinaloa informó entonces que Rocha Moya se apartaría temporalmente mientras avanzaban las indagatorias de la Fiscalía General de la República.
Este viernes, Rocha anunció su regreso asegurando hacerlo “con la frente limpia y en alto” y sostuvo que, después de más de tres meses de investigaciones, no fueron encontrados elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal.
El gobernador afirmó que la FGR determinó que no existen elementos mínimos de prueba que sustenten su participación en algún delito y señaló que durante este periodo compareció personalmente ante la Fiscalía para responder a los requerimientos formulados.
El regreso abre inevitablemente el debate sobre la capacidad de las instituciones mexicanas para investigar a personajes del más alto nivel político. Y vuelve a dejar sobre la mesa una percepción recurrente entre ciudadanos: cuando las autoridades tienen voluntad para encontrar responsables, pueden desplegar todos los recursos del Estado; cuando las investigaciones terminan sin elementos, los cuestionamientos sobre la profundidad y alcance de esas indagatorias permanecen.
Hasta ahora, la información oficial disponible sostiene que no existen elementos suficientes para proceder penalmente contra Rocha Moya. La FGR mantiene publicados sus comunicados institucionales y sus actuaciones corresponden al marco de las investigaciones federales.
Regresa hasta octubre de 2027
Rocha Moya recordó que fue electo para concluir su mandato el 31 de octubre de 2027 y aseguró que continuará encabezando el Poder Ejecutivo estatal.
En su mensaje también rechazó las acusaciones formuladas en su contra y afirmó que tuvieron motivaciones políticas y externas, argumento con el que defendió su inocencia y aseguró que continuará dentro del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.
El caso tuvo origen en señalamientos provenientes de Estados Unidos que motivaron la apertura de investigaciones en México. Desde abril, autoridades sinaloenses habían difundido una postura atribuida a la FGR en la que se señalaban deficiencias probatorias y procedimentales en las solicitudes provenientes del país vecino.
Tras 112 días fuera del cargo, Rocha Moya vuelve así a Palacio de Gobierno sin que hasta el momento exista una acusación penal formal en su contra.
La conclusión oficial es clara: no hubo elementos suficientes para proceder. La discusión pública, sin embargo, seguramente continuará alrededor de una pregunta mucho más difícil de responder: ¿no había pruebas o simplemente no se encontraron?
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